no de los capítulos de la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación pretende cambiar una realidad que desde hace décadas se debate en el agro y que no tiene solución: la propiedad intelectual en semillas.

El Gobierno propone que la Argentina declare su adhesión al convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Upov) de 1991 en lugar de la addallas cowboys slippers mens air max goaterra 2.0 durex intense vibrations ring adidas yeezy prezzo basso yeezy store womens air jordans wig shop cheap soccer jerseys saquon barkley jersey custom triathlon jersey jordan proto max 720 nike air jordan 1 elevate low custom nfl football jerseys motagua jersey cheap jordanshesión actual al del año 1978. En su participación en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, dijo que el país se perdió de facturar en las últimas décadas unos US$4000 millones de dólares por no reconocer apropiadamente la propiedad intelectual en semillas. “Hay cuestiones en las que la Argentina ha perdido competitividad y eso tiene que ver con la genética. Entonces estamos proponiendo hacer una adhesión a un acuerdo internacional, que es el UPOV del año 91, que nos permitiría recuperar buena parte del atraso que llevamos en estos términos”. dijo.

Vilella destacó que hace dos décadas la Argentina tenía los mismos rendimientos promedio por hectárea en soja que Brasil y los Estados Unidos, pero que por el atraso tecnológico el país hoy tiene entre 600 y 700 kg. menos.

Para algunos productores esta cifra resultó exagerada porque creen que no se contemplan otras variables como la climática o el nivel de fertilización.

Tres entidades gremiales de productores (Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) expresaron su oposición a la adhesión a Upov 91 y emitieron una declaración en la que dijeron que el convenio “beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación. Sus características claves incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad”.

Por el contrario, para Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la eventual adhesión al convenio significaría una suerte de sello de calidad que le permitiría al país incorporar materiales genéticos para cultivos que van más allá de las autógamas como trigo o soja, sino también a la horticultura o las legumbres, entre otros. “Es básicamente un reconocimiento al obtentor”, sostiene y destaca que en el propio convenio de Upov se establece que no puede haber posiciones dominantes o cláusulas abusivas. Esta semana, los directivos de ASA se reunieron con Vilella para expresar su adhesión a la iniciativa.

Uno de los aspectos menos conocidos sobre la falta de reconocimiento intelectual en semillas es el de las legumbresAdrián Poletti, experto de la actividad, señala que el país se está perdiendo oportunidades para aumentar la producción y las exportaciones de porotos, arvejas y garbanzos, entre otros cultivos, por el atraso tecnológico.

“Son productos de consumo humano directo cuya calidad tiene que asegurarse en el campo porque el costo de corregir imperfecciones en las plantas de procesamiento es mucho mayor que el que tiene el reconocimiento de una regalía en la semilla”, explica. Cita el caso de las arvejas. “Por ahorrarse entre US$10 y US$15 por hectárea en semillas, se afronta un costo de US$90 por granos oscuros u otras deficiencias del momento de la cosecha”, dice. En el caso de las lentejas, por ejemplo, el comercio internacional comprende unos cinco millones de toneladas, de los cuales entre 3 y 3,5 millones provienen de Canadá y Australia. “La Argentina, de contar con material genético adecuado, podría llegar a exportar unas 500.000 toneladas y aumentar un 80% la facturación de toda la actividad”, sostiene.

Respecto del argumento de que el reconocimiento a la propiedad intelectual beneficiaría a las empresas multinacionales, Poletti cree, en cambio, que son las instituciones públicas como el INTA, la Universidad Nacional de Córdoba o la Estación Experimental Obispo Colombres las que llevan adelante las investigaciones, pero que no tienen un reconocimiento económico en la multiplicación. “La Argentina tiene condiciones de producir legumbres desde el Valle de Río Negro hasta Tartgal, en Salta; necesita materiales capaces de adaptarse a los distintos climas y suelos”, enfatiza. Una discusión que ya lleva demasiado tiempo sin resolverse.

Fuente La Nación