El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que reúne a más de 60 cámaras del sector, le envió una carta al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, por la situación que atraviesan los exportadores de la actividad agroindustrial, especialmente de las economías regionales, por las dificultades para gestionar los pagos de fletes marítimos internacionales. En la misiva, que copiaron también al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, explicaron que este régimen perjudica las chances de vender al exterior y, por ende, redunda en menores ingresos de divisas.
El CAA está preocupado y pidió la derogación de la Comunicación “A” 7746, de abril pasado, que establece que en el caso que los pagos correspondan a los conceptos S02 (servicios de fletes) o S04 (otros servicios de transportes) “será necesario” que esto “se concrete a partir de los 90 días corridos desde la fecha de efectiva prestación del servicio”. Según recordaron operadores del sector, antes de este cambio se trabajaba “a la vista”. Explicaron que “ellos (por las empresas de fletes) cobraban en pesos, pedían la transferencia y el mismo día giraban al armador (al dueño de los barcos)”.
“La consecuencia de la medida ha sido un cambio drástico por parte de las armadores marítimos y/o sus representantes en Argentina, en las condiciones de cobro de los fletes impuestas a las tomadores de dichos servicios, aceptando únicamente los pagos de los mismos en el exterior, no siendo ya una posibilidad pagar su equivalente en pesos, y sumado a este hecho, los gastos locales inherentes a los fletes marítimos nos los liquidan a tipos de cambio totalmente arbitrarios, cercanos a las cotizaciones de los dólares financieros“, Explicaron.
Afectadas. Desde el CAA explicaron que hace 2 semanas “las empresas marítimas suspendieron el trabajo con la Argentina por esta medida, y solicitaron los pagos en el exterior”. Agregaron que los exportadores de economías regionales no pueden ejecutarlas por su estructura. “Están afectadas exportaciones que usan embarques masivamente de maní, legumbres, maíz pisingallo, algodón, alfalfa, vinos, frutas, molienda seca de maíz y toda aquella otra que en menor medida use contenedores, para su exportación, ya sea en carga seca (dry), refrigerada o congelada”, precisó la carta enviada por la entidad a los funcionarios.
El hecho se da mientras todavía y hasta el 31 de agosto está vigente el dólar agro para productos de las economías regionales, que promueve justamente estas exportaciones con tipo de cambio a $300 por dólar.
Según manifestaron en la carta, esta semana, todas las principales empresas navieras implementaron estas medidas, o anunciaron su activación en los próximos días. “La reciente incorporación de los fletes entre los servicios alcanzados por el Sirase (Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior) (publicada en el BO el 24/05/23), impone a las empresas aguardar la autorización antes de poder realizar el pago del flete marítimo. Como es de conocimiento común, la gran mayoría de las SIRASEs no están siendo autorizadas”, recordaron.
Incertidumbre. A partir de la vigencia de esta norma, dijeron que “viven en una situación de incertidumbre”, que no permite tener previsibilidad en la carga, facturación y cobros al exterior de las mercaderías exportadas, ya que de no mediar la debida autorización y no poder pagar los fletes, las mercaderías llegadas a destino, se encontrarán sin documentación para su cobro, con todos los inconvenientes comerciales, financieros y logísticos que ello implica. “La única alternativa de las empresas es intentar cambiar los términos de venta con sus propios clientes, pasando de CIF a FOB con el fin de trasladar el pago del flete a su cliente final, deduciéndolo del valor de la cotización CFR y transformándola en FOB”, manifestaron.
Sin embargo, explicaron que casi nunca las empresas tienen la posibilidad de cambiar las condiciones de venta, siendo que el cambio les implicaría trámites y costos adicionales para la liberación de las mercaderías en destino, sumado al costo financiero que los clientes extranjeros no están dispuestos a aceptar.
Ingresos. “Reiteramos que las empresas más amenazadas por la actual crisis son las que integran las economías regionales del país, cuyos movimientos de mercaderías son en contenedores, siendo en su gran mayoría pymes, que no cuentan con subsidiarias en el extranjero y que, por lo tanto, no tienen ninguna solución viable para enfrentar la actual situación. A partir de esta situación y de no resolverse favorablemente, inevitablemente nos llevará a menor actividad, lo que redundará en menores ingresos de divisas en el país”, advirtieron.
Fuente: Rural Net